Reformando el Yugo

Recientemente el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 590-16, que se constituye en la nueva legislación que regirá en lo adelante a la institución encargada de velar por el orden y la paz pública, la Policía Nacional.

Previo a su promulgación muchas opiniones se generaron a favor y en contra de la que hasta el momento era un proyecto que buscaba reformar el cuerpo policial. Muchos especularon inclusive de que sectores a lo interno de la misma entidad se oponían a la entrada en vigencia de la pieza, en tanto otros propugnaban porque se concretara la iniciativa legislativa.

Los cierto es que fue un clamor constante de la sociedad la reforma a la institución del orden. Se exigía por parte del Gobierno una reestructuración minuciosa del sistema policial, esto por la alta taza de crímenes que por "temporadas" se viven en el país, además de ciertas deficiencias investigativas y operativas, extralimitaciones de la fuerza, malos manejos administrativos, entre otros señalamientos.

Pero ¿realmente la Ley 590-16 suplirá las necesidades que requiere la sociedad en cuanto a la seguridad ciudadana? Han habido opiniones pesimistas, como la que ofreció el especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana, Daniel Pou, quien entiende que para reformar la Policía Nacional se requiere más que una nueva ley orgánica, se necesita velar por las condiciones de servicio de los agentes e identificar las problemáticas delictivas que envisten a la sociedad.

En el aspecto de la condición de vida y de servicio de los uniformados, he abogado en otras ocasiones de que se hace menester que a los agentes se le realice un reajuste salarial que compense el trabajo que se les demanda socialmente y que además ha sido el tópico por el que más se ha abogado a favor de los militares y policías.

Pero más que favorecer a los miembros de la institución del orden, juristas de la talla del presidente del Observatorio del Sistema de Justicia Dominicano, Amadeo Peralta, y el comisionado para los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, externaron el mismo día que se promulgó la Ley 590-16 que esta legislación lo que hacía era crearles más barreras e imponerles más yugos. Citaron la imposibilidad que tendrán para optar por el pluriempleo, para poder ejercer una carrera profesional, trabas administrativas, sanciones arbitrarias, entre otros acotamientos.