En los últimos días han
ocurrido hechos delictivos y violentos, vergonzosos e indignantes, en los que
se han visto envueltos miembros de la Policía Nacional. Como por ejemplo, y ha
sido el que más ha caldeado la sensación pública, el funesto homicidio en un
intento de asalto de la joven locutora y estudiante de comunicación social,
franchesca Lugo, en el que se hallaban implicados un ex militar y dos agentes
policiales activos.
Esto ha suscitado aún
más impetuosas críticas y cuestionamientos al cuerpo del orden estatal, los
embates van desde depurar desde la cúpula hasta el momento de ingreso de los
agentes, y la premura de la dilatada y compleja reforma policial. Pero a mi
humilde opinión el flagelo es más multifactorial de lo que se quiere presentar,
pues hay que entender que más que una problemática institucional es un problema
que abarca a toda la sociedad.
Si bien es cierto que
las condiciones en las que un policía ejerce su función son de por sí muy
carentes, por la poca formación profesional del policía común en el aspecto de
persecución y mitigación del crimen, que se suma, además, el factor salarial.
Esto puede predisponer a un individuo armado
sumándole, quizás, necesidades económicas el incurrimiento de algún delito.
Pero, profundizando en
la realidad social de que muchos policías y militares se han inclinado hacia el
crimen, no podemos decir que la poca remuneración policial es un factor
determinante para que un agente cometa un crimen. Recordemos el muy sonoro caso
de la Dirección Central de Antinarcóticos (Dican), donde el director de esta
dependencia policial, "un oficial de alto rango", resultó estar implicado
al narcotráfico. En tanto hay agentes de rangos menores, que pese a sus bajos
ingresos, realizan su labor honradamente.
De igual modo podemos
cavilar en cuántos funcionarios, hasta con salarios de lujo, no se valdrán de
su condición para agenciarse recursos del erario público. Que cometen
desfalcos y malversaciones millonarias afectando los recursos del Estado.
Cuántos empresarios y políticos no se habrán valido de sus estatus para
deshonestamente atestar sus cuentas bancarias.
El problema de la
inseguridad ciudadana y la permeabilidad del crimen, tanto en la Policía como
en otras instituciones, se debe a una crisis de valores generalizados en la
sociedad, la falta de oportunidades y la inequidad. Pueden cambiar al
incumbente y a la policía en general, pero hay que entender que la seguridad
ciudadana y el valor humano es competencia de todos.
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