Por: Luis García
Nadie pone en duda que existe degradación moral en el comportamiento que exhibe una parte de los que “ejercen” como “periodistas”, especialmente en medios electrónicos diseminados en diferentes puntos de la geografía nacional.
Afortunadamente, muchos de los que actúan de esa manera no son profesionales del periodismo, sino usurpadores que dicen ampararse en la prerrogativa universal de la libertad de expresión del pensamiento; llegando más lejos, al asegurar que cualquier forma de coartar la misma, sería violar los derechos humanos.
La discusión en torno al tema se ha reanudado en estos días, a propósito del sometimiento a discusión del Congreso Nacional, por parte del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), de una iniciativa que procura la aprobación de regulaciones en el ejercicio de esa profesión.
La institución va en el camino correcto porque hoy en día, toda profesión debe conllevar que quienes se egresen de un centro de estudios superiores lo hagan con un perfil mínimo de dominio de las técnicas, unos adecuados criterios profesionales para su abordaje y un compromiso ético en el ejercicio.
En términos académicos, un periodista es el profesional egresado de un centro de estudios superiores preparado para dedicarse al ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, ya sea en la prensa, la fotografía, la radio, la televisión o los medios digitales.
Dentro de sus tareas cotidianas figuran las de descubrir e investigar temas de interés público, contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos y difundirlos.
La sociedad dominicana ha conocido casos de falsos médicos, abogados e ingenieros, entre otros, pero la profesión más usurpada de todas resulta la comunicación social, ya que el que paga la tarifa de un espacio en un canal de televisión o una estación de radio comienza a autoproclamarse como “periodista”.
No pocos, bajo ese “blindaje”, se vuelven mercenarios de la palabra, convirtiéndose, en la práctica, en chantajistas, difamadores e injuriadores.
A los “periodistas” a que me refiero, no tienden idea de lo que hacen, porque no han ido a una escuela a estudiar Comunicación Social, ni dominan los conceptos elementales de que noticia constituye aquellos sucesos actuales, próximos, importantes, inusuales u originales de interés público.
He visto a algunos recurrir al obsoleto argumento de que no se puede limitar el derecho a la expresión y difusión del pensamiento. No se trata de eso, una cosa es utilizar los medios de comunicación para expresar libremente las ideas, y otra, usurpar la profesión.
Tampoco se pueden justificar en que los extintos Rafael Herrera Cabral, Rafael Molina Morillo, Radhamés Gómez Pepín y Germán Emilio Ornes fueron excelentes periodistas y no estudiaron, ya que eran otros tiempos en los que las universidades dominicanas no impartían la comunicación.
Ahora se han inventado la supuesta existencia de un periodismo ciudadano. Me gustaría ver a un médico ciudadano en una sala de cirugía, a un ingeniero ciudadano construyendo un hospital de varios niveles o un arquitecto ciudadano elaborando los planos de moderno aeropuerto.
Lo que verdaderamente están en juego en esa lucha entre los que abogamos por el establecimiento de regulaciones al ejercicio del periodismo en la República Dominicana y los que se oponen, es una cuestión moral.
De un lado, los que queremos un periodismo profesional y ético y, del otro; los usurpadores, muchos de los cuales carecen de frenos morales.
El Colegio Dominicano de Periodistas debe continuar los esfuerzos para que, finalmente, los profesionales de la comunicación podamos contar con un marco jurídico que dignifique una profesión que hace años viene siendo usurpada olímpicamente.
